Avances de la Cumbre :

PLAN DE ACCIÓN INTERAMERICANO SOBRE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA:

A. Democracia y derechos humanos

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• Fortalecer los mecanismos regionales de diálogo político ya existentes para analizar y abordar los desafíos a la democracia.

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• Fortalecer la cooperación regional para apoyar la Carta Democrática Interamericana mediante, entre otras, las siguientes medidas: 

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Alentar reuniones periódicas multilaterales y fomentar debates inclusivos entre los países de nuestro Hemisferio sobre los desafíos a la democracia que han surgido en la región tras dos décadas de la adopción de la Carta Democrática Interamericana;

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• Desarrollar, fortalecer o consolidar, de acuerdo a la legislación nacional, la función del Ombudsperson (Defensor del Pueblo, Defensor de los Habitantes, Procurador o Comisionado de Derechos Humanos) u otra autoridad nacional pertinente, con miras a fortalecer la gobernabilidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos en los países de la región;

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•  Apoyar elecciones libres y justas bajo el pleno respeto a la soberanía de los Estados, a través de las siguientes medidas, de acuerdo con la legislación nacional:

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Facilitar las condiciones para que todas y todos los votantes elegibles en las Américas voten en las elecciones organizadas en sus respectivos países, y facilitar la participación de los ciudadanos que residen en el extranjero en las elecciones generales de sus países de origen, de acuerdo con la legislación nacional;

 

Reconocer la importancia del carácter independiente, imparcial y autónomo de los organismos electorales que certifiquen los resultados de las elecciones; 

 

Implementar medidas que protejan y fortalezcan la integridad del proceso electoral y promuevan la rendición de cuentas ante la ciudadanía, la transparencia y la imparcialidad en las instituciones electorales nacionales y los mecanismos de control, así como la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, las campañas electorales y las candidaturas a cargos públicos; 

 

Promover el derecho de los ciudadanos a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas, que sean periódicas, basadas en el sufragio universal y secreto, y que se realicen de una manera transparente, a través de la implementación de medidas que faciliten la capacidad de todos los partidos políticos, incluidos aquellos de la oposición, para presentarse en las elecciones, promoviendo la participación plena e igualitaria de las mujeres y eliminando, cuando existan, las barreras para que las mujeres se presenten como candidatas para cargos políticos; 

 

Promover y alentar, en todo el Hemisferio, condiciones para que los candidatos y funcionarios electos reflejen mejor la composición diversa de la sociedad, sin discriminación;

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Reconocer la importancia de las misiones de observación electoral, conducidas bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, independencia, respeto a la soberanía y con acceso a la información respetando los procedimientos establecidos en la normativa del Sistema Interamericano, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, y que no comprometa la independencia de las misiones, asegurando los Estados las condiciones de seguridad de los observadores electorales, para que puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y segura;

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Proteger la libertad de prensa y el ejercicio pleno de los derechos civiles, incluyendo la libertad de asociación, libertad de reunión pacífica y libertad de expresión, y promover el libre intercambio de ideas, información y pensamiento, como principios fundamentales de las democracias representativas y participativas, de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos, alentando el establecimiento, en todos los ámbitos gubernamentales, de mecanismos que promuevan la transparencia y el acceso a la información pública.

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Tomar medidas para prevenir y sancionar el uso de la violencia contra la prensa, y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y sus familias, que enfrenten riesgos como consecuencia de su trabajo; y promover leyes que prevengan y prohíban la impunidad por ataques violentos contra periodistas, medios de comunicación, y todo aquel que ejerza la libertad de expresión para contribuir a la deliberación pública.

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Trabajar con la sociedad civil, organizaciones de los trabajadores y representantes del sector empleador para eliminar el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la violencia, el acoso y la discriminación en el entorno laboral; reducir la informalidad laboral, así como para proteger la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, incluida la protección de los y las trabajadores de represalias por ejercer esos derechos.

 

• Reconocer, respetar y proteger los derechos de todos, de conformidad con los tratados internacionales suscritos por los Estados parte y de acuerdo con su legislación nacional, prestando especial atención a: 

 

Los pueblos indígenas y tribales, y sus derechos inherentes, culturas, y tradiciones, reconocidos en los tratados y otros acuerdos o arreglos con Estados y, de acuerdo a la legislación nacional e internacional, a través de sus propias instituciones representativas y de conformidad con sus propios procedimientos;

 

 Personas de decendencia africana, tomando en cuenta sus derechos humanos inherentes, historia, culturas y tradiciones, y teniendo en cuenta, cuando corresponda y de acuerdo a la legislación nacional, arreglos de política pública para su empoderamiento, inclusión, participación y representación.

 

B. Democracia y desarrollo sostenible

Profundizar la relación entre la gobernabilidad democrática e inclusiva y el desarrollo sostenible mediante:

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b. Buscar la implementación de mayor cooperación hemisférica y programas de inversión para promover el desarrollo sostenible como pilar y objetivo fundamental de la gobernabilidad democrática;

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c. Promover la formulación de políticas y programas que amplíen las oportunidades de empoderamiento y progreso social y económico de todos los pueblos del Hemisferio;

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C. Transparencia y anticorrupción

 

. Continuar con el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Octava Cumbre de las Américas, en particular, el Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, reafirmando el compromiso con los tratados en la materia, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción, e implementando las siguientes acciones:

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Establecer medidas, sistemas y campañas de concientización pública que incentiven y mejoren las condiciones para la presentación de denuncias sobre posibles irregularidades y actos de corrupción, incluido el lavado de dinero generado por actos de corrupción, así como medidas que brinden una protección eficaz contra posibles represalias o intimidación, el uso de la fuerza física o de amenazas hacia denunciantes, víctimas, testigos informantes y funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y la justicia de conformidad con las obligaciones internacionales;

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Promover el uso de datos abiertos para aumentar la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la participación ciudadana, a fin de prevenir y combatir la corrupción, especialmente a través de la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos creado y aprobado en el marco de la Organización de los Estados Americanos;

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Fortalecer y garantizar los espacios de participación ciudadana tales como los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control y participación social, cuando corresponda, para la implementación de medidas de prevención y de lucha contra la corrupción y la impunidad; 

 

Promover, cuando corresponda, medidas que fortalezcan los mecanismos destinados a prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, fraude o faltas éticas, incluyendo aquellos que tienen alcance transnacional; 

 

Reforzar los mecanismos o procesos de transparencia y rendición de cuentas vinculados al acceso a la información relacionada con el medioambiente, de conformidad con la legislación nacional;

Continuar implementando las recomendaciones recibidas a través del proceso de revisión del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); reportando anualmente al MESICIC sobre el progreso realizado sobre estas recomendaciones; y fomentando la participación de la sociedad civil, el sector privado y los actores sociales en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluyendo iniciativas que fomenten la consulta pública, la educación y concientización, promuevan la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, y permitan a la sociedad civil involucrarse en el monitoreo y control, según corresponda y de acuerdo a la legislación nacional.

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Transformación Digital : 

A. Ecosistemas digitales y conectividad

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• Alentar, en particular, esta acción con relación a personas con discapacidad o con necesidades específicas y a miembros de grupos que han sido históricamente marginados, discriminados y/o en situación de vulnerabilidad, así como a todas la mujeres y niñas, tomando en cuenta sus condiciones y situaciones diversas, en una manera consistente con la legislación nacional y el derecho internacional para la amplia utilización de las plataformas digitales.

• Promover la convergencia de iniciativas regionales existentes en este Programa Regional para la Transformación Digital en las Américas basándose en los presentes compromisos y en las estrategias nacionales en la materia, así como la colaboración de las instituciones pertinentes del sistema interamericano.

• Fomentar la creación de ciudades y territorios inteligentes que coadyuven en el desarrollo integral, el gobierno digital, la reducción de la brecha digital, así como la inclusión financiera a través de la expansión de instrumentos de pago, mecanismos de financiamiento alternativo y otros servicios financieros digitales. En tal sentido, reconocer que la construcción de las ciudades inteligentes plantea nuevos retos que exigen el respecto a la seguridad, la privacidad y derechos humanos de los ciudadanos.

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​B. Gobierno digital y abierto

• Continuar promoviendo el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación, con la digitalización de la prestación de servicios públicos para fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas, así como la calidad de vida de los ciudadanos, y promover la democracia y la participación ciudadana como protagonistas de la gestión pública, respetando la soberanía e integridad de cada Estado.

• Promover la digitalización de los servicios a la ciudadanía para facilitar la realización de trámites y servicios remotos, así como establecer mecanismos, procedimientos y estándares técnicamente eficientes para la comunicación, apertura, e interoperabilidad de información entre Estados, permitiendo el reconocimiento de certificados digitales de manera transfronteriza, de acuerdo con la legislación de cada país.

• Impulsar una estrategia de apertura de datos e información pública que facilite la interoperabilidad en la región, fortaleciendo la colaboración y la participación activa entre los Estados, sociedad civil, sector privado y el sector académico hacia un enfoque de gobierno abierto.

• Promover la transparencia y la responsabilidad en la gestión, publicación y el uso de datos abiertos y tecnologías digitales, incluido el desarrollo y el uso responsable y ético de sistemas de inteligencia artificial y otras tecnologías transformadoras, protegiendo al mismo tiempo la privacidad individual y los datos personales y promoviendo la equidad y el respeto por los derechos humanos y el crecimiento inclusivo. Asimismo, propiciar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los algoritmos que permitan su auditoría y evaluación técnica de una manera congruente con la legislación nacional y el derecho internacional.

•  Mejorar y aprovechar la producción de datos y estadísticas de las tecnologías digitales con el fin de diseñar políticas públicas equitativas basadas en evidencia, así como desarrollar evaluaciones de impacto de políticas digitales.

• Promover iniciativas regionales para intercambiar conocimientos, herramientas y soluciones digitales que podrían acelerar la transformación digital gubernamental en las Américas, a través del fortalecimiento del papel central de las redes de colaboración.

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C. Ciberseguridad

• Promover el desarrollo de talento digital especializado en materia de ciberseguridad para la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades de identificación y gestión de riesgos de ciberseguridad en las diferentes partes interesadas e incentivar comportamientos y prácticas adecuadas en el ámbito digital por parte de toda la sociedad.

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• ​Promover y fortalecer la cooperación internacional entre los Estados para prevenir, procesar, investigar y enjuiciar eficazmente los ciberdelitos; y el uso ilícito de datos e información perteneciente a Gobiernos, instituciones privadas y las personas y otras actividades delictivas apoyadas en el mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual de menores y otras formas de violencia sexual, y el tráfico ilícito de drogas y de armas, el lavado de activos, entre otros, en el marco del respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género.

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D. Crecimiento económico y competitividad

• Fortalecer la cooperación regional en materia de comercio digital de bienes y servicios, incluidos los compromisos para facilitar el libre flujo de datos transfronterizos, considerando los marcos normativos aplicables, velando por la protección de la privacidad y los datos de los usuarios.

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